Ciudad de México; 14 de abril de 2026.- El Senado de la República declaró constitucional la reforma electoral conocida como “Plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras recibir el respaldo de la mayoría de los congresos estatales del país.
Con esta declaratoria, la reforma será enviada al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación y posterior entrada en vigor, con lo que concluye el proceso legislativo federal.
De acuerdo con el dictamen, el proyecto modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
⚖️ ¿Qué incluye el “Plan B”?
La reforma contempla ajustes enfocados principalmente en la reducción del gasto público y la reorganización de estructuras políticas, entre ellos:
- Reducción de salarios y prestaciones de funcionarios electorales
- Límites al número de regidores en ayuntamientos (máximo 15)
- Topes al presupuesto de congresos locales
- Medidas de austeridad en instituciones electorales
Estos cambios forman parte de una versión acotada de la propuesta original, luego de negociaciones políticas en el Congreso.
🏛️ Aval de congresos estatales
Para alcanzar rango constitucional, la reforma fue aprobada por al menos 19 congresos locales, incluyendo entidades como:
- Estado de México
- Veracruz
- Puebla
- Sonora
- Sinaloa
- Ciudad de México
Con este respaldo, el Senado emitió la declaratoria oficial de constitucionalidad.
🔎 Contexto político
El llamado “Plan B” surgió luego de que la propuesta original de reforma electoral no lograra consenso suficiente en el Congreso, lo que obligó al Gobierno federal a impulsar cambios más limitados.
Durante su discusión, el proyecto generó un intenso debate entre oficialismo y oposición:
- Morena y aliados defendieron la reforma como una medida de austeridad y eficiencia
- La oposición acusó que podría debilitar instituciones electorales
Además, algunas propuestas iniciales, como el adelanto de la revocación de mandato, fueron eliminadas durante el proceso legislativo.
📊 Impacto
Con la entrada en vigor del “Plan B”, el Gobierno federal busca:
- Reducir costos del sistema político-electoral
- Ajustar estructuras municipales y legislativas
- Fortalecer el control del gasto público
No obstante, especialistas anticipan que la reforma podría seguir generando debate político y posibles impugnaciones en el ámbito judicial.
