Ciudad de México.- El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, exhibió una serie de irregularidades en el uso de concesiones de agua que involucran a un legislador y a una empresa del sector refresquero, como parte de la revisión nacional impulsada por la nueva política hídrica.

Durante la conferencia matutina, la Comisión Nacional del Agua informó que la familia del diputado del PRI, Mario Calzada Mercado, concentraba cinco títulos de concesión por alrededor de 628 mil metros cúbicos de agua en Querétaro, originalmente destinados a uso agrícola.

Sin embargo, tras una revisión, se detectó que el recurso era utilizado para fines distintos, como el abastecimiento a desarrollos inmobiliarios, un club de polo y la venta mediante pipas, lo que contraviene el propósito de los permisos y permitió evitar el pago de derechos.

Ante estas irregularidades, las autoridades procedieron a retirar las concesiones y clausurar instalaciones en al menos dos ocasiones, aunque en uno de los casos se promovió un amparo. El caso generó controversia, ya que el legislador se había manifestado en contra de la nueva Ley de Aguas bajo el argumento de garantizar el acceso del recurso a la población.

En paralelo, Conagua dio a conocer el caso de una empresa refresquera —cuyo nombre no fue revelado— que presenta irregularidades en 18 títulos de concesión, con un volumen de más de 2.8 millones de metros cúbicos sin registro adecuado de pago.

El organismo detalló que la compañía incurrió en sobreexplotación de al menos 10 concesiones, carece de medidores en 42 títulos y mantiene un adeudo estimado en 234 millones de pesos, aunque ya inició un proceso de regularización.

Estos casos forman parte de una problemática más amplia detectada a nivel nacional, donde autoridades han identificado prácticas como la comercialización ilegal del agua, uso distinto al autorizado en concesiones y falta de control en la extracción del recurso.

Además, Conagua advirtió que empresas en el país acumulan adeudos por cerca de 12 mil millones de pesos, lo que refleja el rezago en la supervisión y cumplimiento en el sector hídrico.

En Sonora

Aunque no se han detallado casos específicos en Sonora dentro de este informe, la entidad enfrenta históricamente problemas de sobreexplotación de acuíferos y uso intensivo del agua en sectores agrícola e industrial, lo que la coloca dentro del contexto nacional de vigilancia y regulación.

El Gobierno federal señaló que estas acciones se intensificarán con la nueva Ley de Aguas, que busca frenar el acaparamiento, sancionar el uso indebido y garantizar una distribución más equitativa del recurso en el país.

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