Ciudad de México.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó este miércoles la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en una versión reducida del denominado “Plan B”, tras una jornada de debate político marcada por posturas encontradas entre oficialismo y oposición.
El dictamen fue avalado en lo general con mayoría calificada, con 377 votos a favor, 102 en contra y sin abstenciones, alcanzando mayoría calificada con el respaldo de Morena y sus aliados (PT, Partido Verde y MC), lo que permitió avanzar en modificaciones constitucionales en materia político-electoral, aunque con ajustes menores respecto a la propuesta original enviada por el Ejecutivo federal.
La discusión se llevó a cabo en el pleno de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, luego de que el proyecto fuera previamente aprobado en comisiones, en medio de negociaciones que derivaron en la eliminación de varios puntos clave.
¿Qué cambios incluye la reforma?
Entre las modificaciones avaladas destacan ajustes a los artículos 115 y 116 de la Constitución, relacionados con la integración y funcionamiento de ayuntamientos y congresos locales, así como cambios al artículo 134 en materia de gasto público.
Uno de los puntos relevantes es la reducción en el número de regidurías en los municipios, además de medidas orientadas a limitar el gasto en órganos legislativos locales y a establecer criterios de austeridad en el servicio público.
Sin embargo, la reforma dejó fuera propuestas de mayor calado, como la incorporación de la revocación de mandato en este paquete legislativo, así como otros cambios estructurales al sistema electoral que formaban parte de la iniciativa original.
Choque político en el pleno
Durante la sesión, legisladores de oposición —principalmente del PAN y PRI— votaron en contra y cuestionaron el alcance de la reforma, al considerar que se trata de un proyecto “descafeinado” que no resuelve los problemas de fondo del sistema electoral.
Por su parte, la mayoría oficialista defendió el dictamen al señalar que representa un avance en la simplificación administrativa, la reducción de costos y el fortalecimiento de la vida democrática en el país.
El debate reflejó la falta de consenso político en torno a una reforma que, desde su presentación, generó tensiones entre fuerzas partidistas e incluso ajustes dentro del propio bloque mayoritario.
De reforma estructural a cambios acotados
La iniciativa original planteaba transformaciones profundas, como la reducción del tamaño del Congreso, modificaciones al financiamiento de partidos políticos y cambios en la estructura de los órganos electorales.
No obstante, ante la falta de acuerdos suficientes para alcanzar una mayoría más amplia, el proyecto fue reducido a una versión más viable políticamente, lo que permitió su aprobación en esta etapa del proceso legislativo.
Lo que sigue
Al tratarse de una reforma constitucional, el dictamen deberá ser remitido al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación. Posteriormente, requerirá el aval de al menos 17 congresos estatales para entrar en vigor.
Con ello, el proyecto impulsado por el Ejecutivo avanza, aunque con un alcance menor al inicialmente planteado y en medio de un escenario político que anticipa nuevos debates en las siguientes etapas del proceso legislativo.
