San Luis Río Colorado, Sonora.- El asesinato de la menor Lyela en Sonora, presuntamente a manos de dos adolescentes, ha reavivado el dolor de su familia y abierto nuevamente el debate nacional sobre cómo deben ser castigados los menores de edad que cometen delitos de alto impacto.
La madre de la joven realizó una manifestación y alzó la voz para exigir justicia y pedir que las responsables sean juzgadas con mayor severidad, al considerar que las sanciones actuales no corresponden a la gravedad del crimen.
El caso ha generado indignación pública no sólo por la violencia con la que ocurrió —ya que la menor fue engañada por sus propias conocidas— sino también por la sentencia dictada bajo el sistema de justicia para adolescentes.
De acuerdo con reportes periodísticos, una de las responsables, de 15 años, recibió una sanción de dos años y 10 meses de internamiento, mientras que la otra, de 13 años, obtuvo menos de un año de medidas en libertad asistida, lo que ha sido duramente cuestionado por la familia y la sociedad .
Un caso que no es aislado
El crimen de Lyela, que ocurrió en Sonoyta, municipio de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora no es un hecho aislado. En semanas recientes, otro caso estremeció al país: en Lázaro Cárdenas, Michoacán, un adolescente de 15 años asesinó a dos maestras dentro de una escuela, utilizando un arma de alto poder.
A pesar de la gravedad del ataque, el menor enfrenta una pena máxima de tres años de internamiento debido a su edad, lo que ha intensificado la discusión pública sobre los límites del sistema legal para adolescentes .
Este caso, al igual que el ocurrido en Sonora, ha sido citado por especialistas, autoridades y la propia presidenta Claudia Sheinbaum como ejemplo de la necesidad de revisar el marco legal vigente.
¿Castigar como adultos? El debate crece
Actualmente, en México los menores de edad que cometen delitos son juzgados bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el cual establece sanciones diferenciadas y limita el tiempo máximo de internamiento.
Sin embargo, casos como el de Lyela y el de Michoacán han provocado que familiares de víctimas, ciudadanos y algunos legisladores planteen la posibilidad de reformar la ley para que adolescentes que cometan homicidios u otros delitos graves puedan recibir penas más severas o incluso ser juzgados como adultos.
La propia presidenta ha reconocido que se trata de un tema que debe discutirse a nivel nacional, al considerar la complejidad del problema y la necesidad de equilibrar justicia, derechos humanos y prevención.
Entre justicia y prevención
Especialistas han advertido que el fenómeno no puede analizarse únicamente desde el castigo, sino también desde factores como la violencia social, el entorno familiar y la salud mental de los menores.
Mientras tanto, para la madre de Lyela, el debate tiene un rostro y un nombre: el de su hija, cuya muerte —dice— no puede quedar reducida a una sanción mínima.
El caso continúa generando indignación y presión social para que las autoridades revisen los alcances de la ley y garanticen justicia para las víctimas, en un contexto donde la participación de menores en delitos graves comienza a encender alertas en todo el país.
